Odio al cinismo más que al diablo, a menos que ambos sean la misma cosa
— Robert Louis Stevenson, 1850-1894
Es muy sospechosa la tremenda histeria de los medios de comunicación globalizados, desatada por una simple decisión del gobierno de Venezuela para cerrar parcialmente el suroeste de su frontera con Colombia después de que una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana fuera emboscada por un grupo armado de paramilitares colombianos que protegían una operación de contrabando cerca del puente internacional que une el estado Táchira con el departamento colombiano del Norte de Santander.
Estos medios globalizados no quisieron tomar en cuenta que cada país tiene derecho a proteger su territorio y que le tomó más 50 años a Venezuela para decretar medidas que hubiera hecho cualquier estado del mundo al ver, cada vez más creciente la expansión de otra nación en su territorio. Desde 1990 la acción paramilitar colombiana en las zonas de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas se hacía cada vez más amenazante y dañina para los pobladores venezolanos de la región. Sin embargo, los gobiernos colombianos de turno se hacían de la vista gorda y nunca han hecho un esfuerzo para controlar la situación fronteriza a excepción de acusar a Venezuela de exagerar la situación y promover enemistad entre ambos pueblos.
Mientras tanto, las bandas paramilitares colombianas como la MAS (Muerte a Secuestradores), la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), los Urabeños (Clan Úsuga — banda paramilitar narcotraficante), Águilas Negras, las Convivir (Cooperativas de Vigilancia), los Rastrojos (grupos narco paramilitares), las Bacrim (agrupaciones de crimen y narcotráfico) y tantas otras organizaciones delictivas establecieron su reino de contrabando, prostitución, casinos y empresas de transporte en el territorio fronterizo venezolano. Los comerciantes, contrabandistas y los habitantes venezolanos y colombianos indocumentados fueron obligados a pagar "vacunas" (impuestos) a estos delincuentes que instalaron alcabalas y entraron en la parapolítica al servicio de la oposición venezolana, igualmente, participando en las guarimbas (protestas violentas) en 2014 y en los actos terroristas.
Por supuesto, el estado colombiano nunca condenó estos actos de sus paramilitares ni tampoco hizo un mínimo esfuerzo para erradicarlos. Al revés, según la nueva Ley de Colombia promulgada en enero de 2015, no se sancionan los delitos de lesa humanidad provocadas por las prácticas paramilitares. De acuerdo a esta ley, quedan impunes los delitos contra los propios colombianos lo que está violando las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente en Colombia el paramilitarismo implantado por Álvaro Uribe durante ocho años de su presidencia (2002-2010) es la principal fuerza política que rige el destino del país que también podría llamarse parapolítica.
A tal extremo llegaron las redes criminales colombianas en Venezuela, asociadas con los elementos corruptos del gobierno, con la oposición, los oligarcas nacionales y los acaparadores y los saboteadores del Proyecto de Hugo Chávez "Socialismo del Siglo XXI", que el 60 por ciento de las mercancías importadas o producidas en el país, todas subsidiadas por el gobierno, apenas ingresaban en puertos venezolanos, es más, en 72 horas aparecían en las ciudades fronterizas para ser trasladados a Colombia de contrabando. Se calcula que alrededor de 100 mil barriles de productos derivados de petróleo se van diariamente de Venezuela a Colombia, ocasionando pérdida de 3,5 millones de dólares diarios al gobierno venezolano.
A esto habría que añadir el contrabando de alimentos que hacen perder a Venezuela otros 6,5 millones de dólares diarios. Según las estimaciones del gobierno bolivariano, el contrabando de hidrocarburos y alimentos produce una pérdida al país de unos 10 mil millones de dólares anuales. Para entenderlo hay que tomar en cuenta que un litro de leche cuesta en Venezuela 250 BsF (Bolívar Fuerte) y en Colombia lo venden por 14.000 BsF. En el territorio venezolano una camioneta cuatro puertas de 33 galones se llena con 8.250 pesos colombianos (dos dólares y cincuenta centavos) y en Colombia habría que pagar 231.000 pesos (un galón cuesta 7.000 pesos).
La revista colombiana Semana publicó recientemente un artículo sobre el contrabando que fue incautado en el puesto fronterizo venezolano Nueva Lucha el 12 de setiembre pasado. Las autoridades venezolanas detuvieron un cargamento que contenía 1.400 kilos de harina der maíz, 218 kilos de pasta, 243 kilos de mayonesa, 2.620 unidades de jabón, 180 unidades de lavaplatos y 1.400 unidades de yogurt. Todos estos productos subsidiados escasean en Venezuela debido al acaparamiento, sabotaje y contrabando y los habitantes deben hacer largas colas diariamente para conseguirlos.
Debido a esta situación no le quedaba otra alternativa al gobierno bolivariano de cerrar la frontera y declarar el Estado de Excepción limitado de acuerdo a los Artículos 322, 327, 337, 339 de la Carta Magna. También es justificada la acción de desmantelamiento de los pueblos colombianos ilegalmente establecidos en el territorio venezolano, como por ejemplo, el asentamiento "La Invasión". También el gobierno venezolano hizo repatriar, según el director general de Gestión de Riesgo Carlos Iván Márquez 877 colombianos y más de 10.000 regresaron voluntariamente a Colombia al no poder continuar con sus actividades vinculadas con el contrabando, narcotráfico y el delito en general.
Estas medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro produjeron una reacción histérica tanto en EEUU como en la Unión Europea. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra´ad al Hussein declaró "estar perturbado por las recientes deportaciones colectivas de más de mil colombianos de Venezuela". Las organizaciones de derechos humanos internacionales dieron un grito de alarma "indignados" por la "Actitud arbitraria" de Venezuela. El departamento de Estado norteamericano expresó su "preocupación porque la deportación y el cierre de la frontera afectaría la estabilidad en la región". El más explícito fue el presidente de Colombia Juan Manuel Santos que anunció el fin de la "revolución bolivariana", de la democracia y el desmoronamiento de Venezuela.
En realidad Santos repitió las palabras de su patrón el vicepresidente norteamericano Joe Biden quien en enero pasado declaró que Venezuela es un estado fallido y es un peligro para sus vecinos.
También el presidente colombiano acusó al gobierno bolivariano de delitos de Lesa Humanidad contra los colombianos, ignorando que más del 80 por ciento de los colombianos que dejaron su país fue por escapar de la violencia y se refugiaron en Venezuela. También Santos quiso ignorar que uno de cada cinco habitantes de Venezuela es de origen colombiano, lo que significa que son 5,6 millones que reciben los mismos beneficios sociales que el resto de la población bolivariana. En los años recientes el gobierno asignó 800.000 casas construidas para los necesitados y de ellas 180.000 fueron entregadas a los habitantes de origen colombiano.
Actualmente Venezuela, llamada por los globalizadores iluminados el "país fallido" tiene el menor índice de diferencia social en toda América Latina.
Mientras tanto en Colombia hay más de seis millones de desplazados por la violencia que está viviendo en el país durante los últimos 50 años. El libro de Hernando Calvo Ospina, "Colombia, Laboratorio de Embrujos. Democracia y el Terrorismo de Estado" (2008) demuestra cómo el poder y la economía del narcotráfico conviven en matrimonio permanente con un Estado que dice combatirlo. En este libro Calvo Ospina cita al asesor militar de Bill Clinton, Stan Goff quien afirmó que "desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados con las fuerzas de seguridad para la inteligencia y operaciones especiales, mediante una red organizada bajo la tutela debla CIA y el Pentágono".
El promotor de la economía y política paramilitar ha sido el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, actualmente senador y uno de los auspiciadores de la oposición venezolana. Los "falsos positivos" (asesinato de civiles inocentes por el ejército o paramilitares haciéndolos pasar como guerrilleros) y los "Daños Colaterales" fueron resultado de su política paramilitarizar en el país. Juan Manuel Santos participó en este proceso en calidad de Ministro de Defensa del gobierno de Uribe (2006-2009) y sigue siendo protector de Uribe quien en este momento tiene 242 procesos judiciales en Colombia de los cuales sólo nueve han sido abiertos y han sido clasificados de "carácter penal". Sin embargo no pasa nada porque el Procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado es un partidario del paramilitarismo y en su juventud hizo quemar libros de García Márquez por considerarlos de orientación comunista. También Uribe es frecuente visitante de la residencia del embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker.
Colombia es un aliado incondicional de los Estados Unidos que tiene en este país siete bases militares y unas tres adicionales, clandestinas. El presidente Santos es un simple ejecutor de la política norteamericana en la región, orientada precisamente a socavar el bolivarianismo y el chavismo en Venezuela cuyas 600 mil millones de reservas de petróleo dejan sin dormir a las grandes transnacionales petroleras. Antes estaban tratando de sacar del poder a Hugo Chávez, ahora a Nicolás Maduro utilizando por el momento la injerencia paramilitar colombiana en coordinación con la oposición venezolana y la guerra mediática. Pero por algo mantienen sus sofisticadas bases militares e incentivan a Colombia para que tengan uno de los más grandes ejércitos militares en América Latina, ellos cuentan con 240.000 tropas, lo que nunca tiene que olvidar el pueblo venezolano.
Estados Unidos no solamente está manipulando la actitud del gobierno colombiano respecto a Venezuela debido al reciente cierre de la frontera, sino a la opinión mundial, tanto de la derecha como de la supuesta izquierda contemporánea, utiliza el pretexto de la reciente condena y la sentencia de 13 años de cárcel decretada contra uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López por su participación activa en la violencia de las guarimbas en Venezuela en 2014. El secretario de Estado, John Kerry afirmó que la "decisión del tribunal plantea gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y por el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno".
La misma opinión emitió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Internacional Socialista y hasta el líder de la oposición "progresista" "Podemos" de España, Pablo Iglesias rechazó la condena en forma vehemente declarando que "creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas". Leopoldo López se convirtió en seguida, por la magia de la prensa globalizada, en "mártir de la lucha por la democracia" sin que nadie se acuerde de sus métodos de lucha por la justicia, libertad y democracia. Leopoldo López participó activamente en el 2002 en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Fue instruido por el mismo Álvaro Uribe en las tácticas y estrategias para derrotar el Socialismo del Siglo XXI en América Latina y en especial en Venezuela. En el 2014, bajo la consigna "Sacar a quien nos está gobernando" promovió la violencia en el país con el saldo de 43 muertos y cientos de heridos haciendo paralizar la economía del país. Este año, estando en la cárcel anunció el inicio de la campaña contra la Paz en Venezuela siguiendo las pautas del departamento de Estado norteamericano.
Esta es la realidad que está afrontando Venezuela. Felizmente el país no está solo. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresaron su solidaridad con la república Bolivariana y afirmaron que estarán vigilantes ante las amenazas a la independencia y soberanía de la nación. A la vez la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Unión de naciones Suramericanas (UNASUR) están haciendo todo lo posible para apaciguar las relaciones entre Venezuela y Colombia lo que no es fácil de hacer debido a la injerencia norteamericana y su plan de sacar del poder a Nicolás Maduro.
El pueblo venezolano debe estar en guardia porque como escribió recientemente el ex contratista (paramilitar) de la logística de guerra durante más de seis años en el Medio Oriente, el venezolano Oscar Heck, "si sacan a Maduro, entran los gringos".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
