domingo, 21 de diciembre de 2008

HIPOCRESIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

El 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones más

estrictas contra Irán en lo que constituyó el último eslabón de la campaña de la

Administración Bush para aislar a Irán y preparar las condiciones para un posible ataque

militar contra ese país. La resolución, la segunda en los últimos tres meses, impuso

nuevas sanciones destinadas a castigar a Irán por su negativa a suspender su programa

de enriquecimiento de uranio. La resolución afecta a quince individuos y trece entidades,

incluyendo el Banco Cental de Irán. También afecta a los Guardias de la Revolución, un

cuerpo de élite de las fuerzas de seguridad iraníes, que no poseen relación alguna con el

programa nuclear del país. La nueva resolución proporciona a EEUU la cobertura de la

autoridad de la ONU para sus intensos preparativos bélicos contra Irán. En realidad, la

aprobación de tales sanciones parece estar totalmente fuera de lugar, ya que no existe

ninguna evidencia concluyente de que Irán tenga un programa para la fabricación de

armas nucleares. Según el Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán tiene derecho a

enriquecer uranio para propósitos pacíficos y es ilegal impedir a este país el llevar a cabo

tales actividades.

Desgraciadamente, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la

ONU -cuyos enormes arsenales nucleares constituyen su mejor cualificación para ser

miembros de este organismo- mantienen una postura hipócrita, a los ojos de muchos

países e individuos, cuando niegan a Irán el derecho a tener una capacidad nuclear.

EEUU, por ejemplo, no sólo está fortaleciendo su poder militar convencional, sino que

está también planeando una modernización de su arsenal nuclear. La Administración

Bush ha dado a conocer recientemente el nuevo presupuesto militar estadounidense,

que incluye miles de millones de dólares destinados al desarrollo de armas nucleares,

incluyendo dos nuevas cabezas nucleares que, según los responsables militares

norteamericanos, serán desplegadas en misiles balísticos intercontinentales situados en

submarinos. La hipocresía nuclear de la Administración Bush hace aún más difícil la

resolución del conflicto con Irán. El Boletín de los Científicos Atómicos norteamericanos

ha denunciado 'el renovado énfasis de EEUU en la utilidad militar de las armas

nucleares.'

La credibilidad de EEUU se redujo aún más cuando suscribió un acuerdo para

suministrar combustible y tecnología nuclear a India, un estado que dispone de armas

nucleares. Asimismo, EEUU proporciona miles de millones de dólares a su aliado Israel,

que es en la actualidad la única potencia nuclear en Oriente Medio. Tanto Israel como la

India se han negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Israel, sin

embargo, no ha sido presionado por EEUU para firmar el TNP o para desmantelar su

arsenal de armas nucleares. Cabe señalar además que el TNP, que fue creado en 1968,

no sólo buscaba asegurar que las nuevas naciones no construirían armas nucleares,

sino que se suponía que las grandes potencias debían destruir también de forma

progresiva sus arsenales nucleares.

Pero incluso si Irán tuviera armas nucleares, EEUU y el mundo deberían aceptar esta

realidad, como ellos aceptaron a una China nuclear en los años sesenta. La historia

demuestra que cuando los países obtienen armas nucleares usualmente moderan su

actitud. Así por ejemplo, China, India y Pakistán han adoptado una política más

responsable después de haber obtenido armas nucleares. Al igual que los gobiernos de

estos países, el primer objetivo del régimen iraní es sobrevivir no iniciar conflictos.

China y Rusia podrían haber vetado la resolución de la ONU. Sin embargo, ellos votaron

a favor de las sanciones contra Irán. Pekín y Moscú se oponen a medidas que puedan

dañar sus propios vínculos económicos con Irán y a una acción militar. Sin embargo,

ninguno de ellos ha rechazado públicamente los pretextos que están siendo usados por

la Administración Bush para lanzar una guerra contra Irán. Por su parte, los países

árabes han enviado una carta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),

en la que pedían que Israel firmara el TNP y se denunciaba la hipocresía que suponía el

castigar a Irán, mientras se permitía a Israel retener su arsenal nuclear. Sin embargo,

Qatar, el único estado árabe presente en el Consejo de Seguridad de la ONU, votó a

favor de la resolución.

La Administración Bush está ignorando las protestas de la opinión pública internacional,

que condena cualquier amenaza de guerra contra Irán. Después de todo, ha conseguido

lo que quería: una nueva declaración de que Irán está 'desafiando la voluntad' de la

'comunidad internacional' al poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio. En lo

que respecta a Washington, el programa nuclear de Irán es simplemente uno más de los

falsos pretextos que están siendo utilizados como justificación para una posible guerra.

El propósito real del gobierno de EEUU al promover una confrontación con Irán no tiene

que ver con su programa nuclear. A diferencia de sus rivales europeos y asiáticos, EEUU

no tiene relaciones diplomáticas o económicas con Irán desde el derrocamiento de su

títere, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, en 1979. EEUU está amenazando ahora con

una guerra contra la República Islámica de Irán con el fin de restaurar su hegemonía

sobre una nación que está estratégicamente situada entre Asia Central y Oriente Medio,

desafía el poder de Israel y posee enormes reservas de petróleo y gas. Una vez más,

 

EEUU está tratando de emplear su poder militar para frenar el declive de su influencia

económica.

 

 

Viejo  Condor

 

 

Yusuf Fernandez   (SIC)

 

REFLEXIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN 242 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad pidió la salida de Israel de Cisjordania, Gaza, Altos del Golán y Jerusalén Este

 

La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU que exige a Israel la retirada de los territorios ocupados en la guerra de 1967 y el fin de "todas las situaciones de beligerancia" y el "respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas", cumplirá mañana 40 años. 

La 242 fue la respuesta internacional a la ofensiva relámpago lanzada en junio de ese año por Israel contra una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Siria e Irak, en la ocupó, tras un auténtico "paseo militar", los territorios palestinos de Cisjordania (por entonces pertenecientes a Jordania) y Franja de Gaza --que había sido adjudicada por la ONU a Egipto tras el fracaso del acuerdo de partición de 1947 que asignaba este territorio al frustrado Estado árabe palestino--, la parte este de Jerusalén, los Altos del Golán y la península de Sinaí.

El 18 de mayo de 1967, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, pidió la retirada de las fuerzas de interposición de la ONU en la península de Sinaí. En plena 'Guerra Fría', la Unión Soviética apoyó a Egipto y al resto de Estados árabes y Estados Unidos a Israel. Adelantándose a cualquier acontecimiento, Israel lanzó un ataque inminente el 5 de junio que concluyó sólo cinco días más tarde con la ocupación de la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. 

Para Israel, aquella guerra supuso una importantísima victoria militar y política, ya que le permitió consolidarse como Estado y ocupar posiciones estratégias que le convirtieron de país amenazado a país amenazante para el resto de Estados de la región. El territorio bajo control de Israel pasó de 20.000 a 102.400 kilómetros cuadrados. El 23 de junio de ese año, pese a las protestas internacionales, el Parlamento israelí aprobó la anexión de la parte árabe de Jerusalén.

En la conferencia de jefes de Estado árabes celebrada en agosto de 1967 en Jartún se creó el llamado 'Frente del Rechazo', cuyos miembros se comprometieron a no reconocer y a no negociar ni firmar acuerdos de paz con Israel. Al año siguiente, el histórico líder palestino Yasir Arafat --'Abu Ammar', el 'Padre Constructor'-- creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de la que fue primer presidente.

Las consecuencias humanas, políticas y territoriales de aquel conflicto fueron importantísimas desde el primer monento y no han sido superadas todavía. Tras la guerra, alrededor de 325.000 palestinos se vieron obligados a huir de sus tierras. La situación de los territorios de Franja de Gaza y Cisjordania y de Jerusalén Este sigue siendo el principal punto de confrontación del conflicto entre israelíes y palestinos.

LA RESOLUCIÓN 242

El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 242, en la que se insistía en "la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra y en la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos los Estados de la zona puedan vivir con seguridad" y recordaba que "todos los Estados miembros" habían aceptado el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que regula la necesidad de superar las controversias internacionales "por medios pacificos" y condena el uso de las amenazas o de la fuerza "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

En virtud de estos principios, y en apoyo a una "paz justa y duradera en el Próximo Oriente", la Resolución exigía la "retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto (según la versión francesa del texto, ya que la inglesa hablaba de "algunos territorios ocupados"), el fin de "todas las situaciones de beligerancia" y el "respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza".

Además, la 242 afirmaba la necesidad de "garantizar la libertad de navegación por las vías internacionales de navegación de la zona", de "lograr una solución justa del problema de los refugiados" y de "garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona, adoptando medidas que incluyan la creación de zonas desmilitarizadas".

LOS DESARROLLOS POSTERIORES

Desde entonces, el cumplimiento de la Resolución ha dependido mucho más de los acuerdos directos entre las partes que de cualquier acción por parte de Naciones Unidas, eternamente maniatada por los conflictos políticos y por el derecho de veto de potencias como Estados Unidos. 

Tras la Guerra de Yom Kipur, en la que Siria y Egipto volvieron a estrellarse ante Israel, el Gobierno egipcio accedió a negociar un acuerdo de paz en Camp David que le permitió recuperar en 1982 la península de Sinaí. Por esas mismas fechas, Israel concedió la ciudadanía israelí a los habitantes de Jerusalén Este y de los Altos del Golán, que pasaron, por tanto, a pertenecer a todos los efectos administrativos al Estado hebreo.

En noviembre de 1974, después de que el Consejo Nacional Palestino aceptase la existencia de Israel como Estado con las fronteras de 1947, las Resoluciones 3236 y 3237 de la Asamblea de Naciones Unidas reconocieron el derecho de los palestinos a la autodeterminación y concedieron a la OLP el estatus de observador permanente.

En diciembre de 1987 comenzó la primera gran rebelión palestina ('Intifada') en Cisjordania y la Franja de Gaza, ante la que no supo reaccionar la OLP y que sirvió de caldo de cultivo para movimientos radicales como Hamás. 

Tras la caída de la URSS y la Guerra del Golfo de 1991, Arafat cambió de estrategia. A finales de ese año se celebró en Madrid la primera Conferencia de Paz para Oriente Próximo, que abrió un proceso que concluyó con los acuerdos de Oslo de agosto de 1993, que establecieron la instauración de la Autoridad Palestina --cuyo primer presidente fue Arafat, hasta su muerte en noviembre de 2004-- y la retirada de las fuerzas israelíes de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Pese al optimismo de Oslo, los acontecimientos posteriores fueron decepcionantes. A mediados de los noventa, el entonces ministro de Vivienda israelí, Ariel Sharon, impulsó la construcción de asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. El colapso llegó en 2000, con el fracaso de las conversaciones de paz de Camp David --debido en gran parte a las discrepancias sobre la porción de Cisjordania que debía entregar Israel y sobre Jerusalén Este-- y con el inicio, en septiembre, de la segunda 'Intifada', que causó más de 4.500 muertos en cuatro años. 

La tensión ha aumentado desde entonces, con el inicio de la construcción por parte de Israel del muro de separación de Cisjordania, con los nuevos planes de asentamientos, con el plan de "desconexión" de Sharon en la Franja de Gaza --que no impidió una nueva ofensiva israelí en 2006 en la que se registraron numerosas violaciones de Derechos Humanos-- y con la ocupación militar de este territorio por parte de Hamás el pasado mes de junio.

El primer ministro israelí, Ehud Olmert, expresó esta semana su deseo de llegar en 2008 a un acuerdo con los palestinos sobre cuestiones claramente relacionadas con la 242, como el estatuto de Jerusalén Este y la situación de los refugiados. Asimismo, se comprometió a no establecer nuevos enclaves judíos en Cisjordania y la Franja de Gaza, una promesa que a juicio de los palestinos carece de sentido mientras no se paralicen las construcciones en los asentamientos existentes.

 

Viejo Condor