La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela emprendió la recuperación y redistribución de las frecuencias hertzianas ilegalmente utilizadas por los medios de prensa pertenecientes a un reducido grupo de familias adineradas. La oligarquía venezolana denunció inmediatamente esa decisión como una supuesta «violación de la libertad de prensa», acusación que contó con el apoyo de los oligarcas occidentales, expresado a través de los medios de su propiedad y –por supuesto– de Reporteros Sin Fronteras, perro guardián siempre dispuesto a actuar a favor de la sumisión de la prensa a los intereses de Washington.
El 2 de agosto de 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de «treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental» en Venezuela. La organización parisina «protesta con vigor contra el cierre masivo de medios audiovisuales privados» y pregunta: « ¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el porvenir de debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana» [1].
RSF se refiere a la decisión que tomó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 1 de agosto de retirar la frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y televisión. Según RSF, sólo el hecho de que estos medios se hayan mostrado críticos con el gobierno de Hugo Chávez motivaría la decisión. En una palabra, se trataría de un acto político para acallar la prensa de oposición. La gran mayoría de los medios occidentales ha transmitido esta versión [2].
Ahora bien, la realidad es otra que RSF y las multinacionales de la información han ocultado cuidadosamente con el objetivo de engañar a la opinión pública y presentar al gobierno más democrático de América Latina (Hugo Chávez se ha sometido a quince procesos electorales desde que accedió al poder en 1998 y ha salido victorioso de catorce en escrutinios celebrados por el conjunto de la comunidad internacional por su transparencia) como un régimen que atenta gravemente contra la libertad de expresión.
En efecto, la decisión de la Conatel se habría tomado en cualquier país del mundo en una situación similar. Varias radios ignoraron deliberadamente una citación de la Comisión destinada a averiguar el estado de la concesión y a actualizar su situación. Después de una investigación, la Conatel descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya licencia era utilizada por una tercera persona, la no renovación de los trámites administrativos obligatorios, o simplemente la ausencia de autorización para emitir. Ahora bien, la ley venezolana, similar a las del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión en el plazo legal o emitan sin autorización perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público. Así, treinta y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión [3].
En realidad, la decisión de la Conatel, lejos de limitar la libertad de expresión, ha puesto fin a una situación ilegal y ha abierto una política de democratización del espectro radioeléctrico venezolano con el fin de entregarlo al servicio de la colectividad. En efecto, en Venezuela, el 80% de las radios y televisiones pertenecen al ámbito privado, mientras que sólo el 9% de ellas son públicas, siendo el resto para los sectores asociativo y comunitario. Además, el conjunto de los medios privados venezolanos está concentrado en manos de 32 familias [4].
Así, RSF y los medios occidentales han manipulado totalmente una medida de rutina de la Conatel para poner fin a una situación ilegal.
RSF ha elegido su campo defendiendo a ultranza a la oposición venezolana, responsable de un golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, golpe que la organización parisina avaló inmediatamente. RSF defiende particularmente al canal golpista Globovisión , al que considera como el símbolo de la libertad de expresión en Venezuela [5]. No obstante, omite señalar que además de su participación activa en el golpe de 2002, Globovisión apoyó el sabotaje petrolero ese año, lanzó un llamado a los contribuyentes para que no pagaran sus impuestos y llamó a la insurrección y al asesinato del Presidente Chávez [6].
Últimamente, Globovisión brindó su apoyo a la junta golpista de Honduras que derrocó al Presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya, unánimemente condenada por la comunidad internacional [7]. El propietario del canal, Guillermo Zuloaga Núñez, reconoció al gobierno ilegal de Micheletti, lanzando al mismo tiempo un llamado al golpe de Estado en Venezuela: « El gobierno usurpador de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras» [8].
RSF no defiende la libertad de expresión en Venezuela. Prefiere ponerse al lado de los enemigos de la democracia.
Viejo Condor
Voltaire.Org.net (SIC)
Salim Lamrani
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