La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó la derogación de la polémica Ley de Caducidad, también conocida como ‘ley de impunidad’, porque impide enjuiciar a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Después de casi 15 horas de acalorado debate, la iniciativa no obtuvo la mayoría de los votos necesarios para su aprobación, y la votación concluyó con un empate. De los 98 legisladores, los 49 diputados de la oposición votaron en contra de la iniciativa, mientras que otros 49, todos del Frente Amplio (FA), la coalición que lidera el presidente, José Mujica, votaron a favor de la norma, de manera que al partido gobernante le faltó sólo un voto para aprobar el proyecto.
El voto clave fue el del diputado del FA Víctor Semproni, que decidió abandonar la sala antes de la votación, evitando así que su bloque mantuviera la mayoría necesaria. Explicando su decisión, Semproni (un exguerrillero que sufrió torturas durante la dictadura) dijo que está “en pie de lucha para borrar la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo”, pero consideró la iniciativa de “poco segura, poco efectiva y, tal vez, generadora de mayores dificultades”.
Algunos de los legisladores oficialistas también consideraron como “erróneo” este proyecto, pero finalmente lo apoyaron, siguiendo la “disciplina de partido”. El presidente José Mujica expresó su rechazo a la medida, pero anunciaba después que no iba a vetarla si finalmente era aprobada.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impide juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas por militares y policías durante la dictadura y está vigente desde elgobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990). La norma fue ratificada por dos plebiscitos populares, el primero en 1989 y el segundo en el año 2009, cuando la ciudadanía volvió a pronunciarse a favor de la misma.
Los resultados de la última votación muestran que esta vez la controvertida normativa ha dividido a la sociedad y al Gobierno en dos grupos enfrentados. Mientras que unos exhortan a llevar ante la justicia a los responsables de la represión militar, otros opinan que es mejor dejar atrás el oscuro pasado del país y centrarse en el futuro.
“Hay un grupo de parlamentarios que ha defendido la posición de que Uruguay es tributario de la Ley internacional de los Derechos Humanos y ha firmado algunos otros convenios que contradicen a la Ley de Caducidad”, dijo a RT Marisa Ruíz, vicepresidenta de Amnistía Internacional. “Hay una parte importante de la sociedad que está contra la ley”, señaló.
Viejo Condor
RT.net (SIC)
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