Las grandes empresas estadounidenses tienen una receta bastante simple: gastar unos millones de dólares en beneficencia, contar con grupos de presión (lobbys) efectivos y, si las cosas resultan bien, recibir enormes sumas en garantías de préstamos, exenciones de impuestos y los tan de moda rescates financieros. Y todo esto se realiza a expensas de los ciudadanos.
“Es un gobierno del 1%, hecho por el 1% y para el 1%, se perpetúa a sí mismo, aprueba leyes para los bancos y, en definitiva, restringe nuestra democracia”, dice el premio Nobel Joseph Stiglitz.
Tres años después de que Washington entregara casi un billón de dólares para salvar a las grandes empresas financieras, el país tiene una deuda pública que rebasa los límites establecidos legalmente, un desempleo que afecta al 10% de la población y el Congreso que busca recortar drásticamente los programas sociales.
La reacción de los ciudadanos no se ha hecho esperar. Son miles los estadounidenses que protestan preguntándose por qué el gobierno no les rescata a ellos.
Mientras, las entidades financieras tienen un éxito considerable en asegurarse de que las leyes promulgadas para regular el sector fracasen.
Los muy bien pagados directores de los consorcios también se anotaron un triunfo frenando el aumento de los impuestos para Wall Street y encontrando una serie de resquicios que les permitieron hacerse con millonarias ganancias. Son inteligentes, qué duda cabe.
“Es una trenza compuesta por el sistema electoral, el grupo de presión y la propia influencia de la industria. Es un enorme y poderoso negocio y su modelo de negocio es simple: usar su influencia para establecer reglas de juego favorables a sus intereses”, asegura Chuck Collins, catedrático del Instituto para Estudios Políticos.
Lo evidencia la compañía Goldman Sachs, una de las causantes de la crisis económica de 2008, que ahora es más rica que nunca.
Otro ejemplo es una empresa de energía solar que se declaró en bancarrota y su salvación costó a los contribuyentes 600 millones de dólares, pese a que las autoridades ya habían sido advertidas de su estado financiero. En el asunto estaba implicada una fundación que a su vez fue una de las mayores donantes de la campaña electoral de Obama.
Desde el año pasado, a los consorcios se les permite aportar ilimitadas sumas de dinero a las campañas políticas. Además, no es necesario que presenten informes detallados sobre el dinero que gastaron en este concepto.
La nueva legislación concentra aún más poder en las manos de las corporaciones. Mientras, miles de estadounidenses temen que su voz ya no cuente a la hora de tomar decisiones y que el mundo político termine representando a ese tan cuestionado 1% de la población.
Viejo Condor
RT.news (SIC)
