La Corte Constitucional colombiana devolvió este martes el acuerdo de bases militares al presidente Juan Manuel Santos para que sea corregido.
La Corte Constitucional colombiana ordenó al Ejecutivo colombiano revisar y tramitar ante el Congreso el acuerdo firmado por el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y Estados Unidos en octubre de 2009 para que se instalaran siete bases militares de EE.UU. en el país latinoamericano.
El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, leyó este martes el fallo de ese tribunal que ordena que el acuerdo para la instalación de siete bases militares estadounidenses en ese país sea devuelto al Presidente de la República para su corrección y posterior entrega al Congreso, para lo cual tiene un año de plazo.
En la Sala Plena extraordinaria se le dio un año de plazo al Gobierno para que corrija y tramite ante el Congreso el acuerdo suscrito durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe que invocó razones de seguridad del Estado para evitar que el documento pasara por el Congreso, como ordena la Constitución.
''La Corte decidió la remisión del acuerdo al presidente de la República (Juan Manuel Santos)'', pues dicho pacto no fue "aprobado mediante ley'', dijo el magistrado Mauricio González en una rueda de prensa.
El magistrado indicó que una de las razones que pesaron para remitir el pacto al mandatario fue que al examinar el acuerdo firmado en el 2009 se constató que éste era un ''instrumento que implicaba nuevas obligaciones para el Estado colombiano''.
González agregó que deben ser corregidos los compromisos que involucra el acuerdo, como la ''autorización para el uso y porte de armas por personal extranjero'' en el territorio colombiano.
Aclaró que esta decisión no implica el control de documento suscrito, sino más bien una revisión de éste.
''Esta decisión de ninguna manera implica control material (del acuerdo) sino un examen formal del mismo'', acotó González.
El pasado julio el magistrado Jorge Iván Palacios, introdujo una ponencia en la cual acusaba al anterior Gobierno colombiano de haber excedido sus funciones por haber dado el visto bueno al aumento de la presencia militar estadounidense.
Al parecer, el ex jefe de Estado, Álvaro Uribe, no le dio continuidad a otro acuerdo que había sido firmado con EE.UU. y que se encontraba vigente en Colombia.
El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.
Durante dos semanas, la Corte Constitucional estudió el caso de las bases militares y este martes se venció el plazo para que se emitieran los fallos sobre un tema que ocasionó diferencias entre los países de la región.
Ante esto,la directora del Movimiento Justicia y Vida, Lilian Solano, sostuvo este martes a teleSUR que su organización realizará campañas internacionales con la intención de presionar al Congreso para que no ratifique este tratado militar con la nación norteamericana.
''Si es que se le da un año al Congreso (...) entonces tendremos un año de trabajo intenso para poder sensibilizar al mundo, donde lo último que necesitamos (los colombianos) son bases militares de Estados Unidos (EE.UU.)", afirmó la representante del organismo.
Desde que Colombia suscribió el pacto militar con EE.UU. las relaciones con Venezuela comenzaron a deteriorarse ante las denuncias de Caracas sobre la amenaza que representan las bases del Ejército estadounidense para la paz y estabilidad de la región .
Este lunes el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicó que las bases militares de EE.UU. en Colombia tenían la capacidad de provocar cualquier incidente en la zona limítrofe colombo-venezolana.
Agregó que estos asentamientos del Ejército de Estados Unidos representan una amenaza permanente, razón por la cual está permanentemente en comunicación directa con los funcionarios militares que resguardan la frontera con Colombia.
"Ese es un peligro permanente de todas la horas. Yo tengo comunicación directa hasta con los capitanes que están en la frontera", dijo Chávez en una entrevista telefónica con la estatal Venezolana de Televisión.
Otros mandatarios de la región se han pronunciado en varias ocasiones contra las siete bases militares estadounidenses en Colombia.
En 2009 el líder boliviano, Evo Morales, afirmó estar en desacuerdo con las bases de EE.UU en Latinoamérica y argumentó que "donde existen bases militares extranjeras no puede haber una integración" y una paz social entre las naciones.
El mandatario brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, también rechazó la instalación de estos establecimientos del Ejército del país del norte el pasado junio, cuando pidió a Bogotá ofrecer garantías a la región de que esas bases y los militares norteamericanos que las operan estarán en territorio colombiano.
"No cuestionamos la soberanía de Colombia, pero lo que queremos es que, en el tratado firmado con Estados Unidos, quede explícito, para que nos den garantías de derecho internacional, que la base tiene como principio fundamental la actuación dentro de Colombia y no en la frontera con otros países", afirmó.
Igualmente, organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), condenó en el 2009 a través de un documento la instalación de las bases en Colombia y defendió el derecho de Venezuela a poner en alerta sus defensas por este motivo.
En noviembre de 2009 un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE.UU) reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero (centro) tiene el propósito de preparar acciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (IER) contra países del continente.
En las afueras de la Corte colombiana se congregaron este martes cerca de 160 organizaciones sociales de diversos países, que iniciaron un recorrido por varias localidades para explicar "la experiencia, de cómo ha sido la militarización en sus territorios", informó la corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho.
En la Sala Plena extraordinaria se le dio un año de plazo al Gobierno para que corrija y tramite ante el Congreso el acuerdo suscrito durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe que invocó razones de seguridad del Estado para evitar que el documento pasara por el Congreso, como ordena la Constitución.
''La Corte decidió la remisión del acuerdo al presidente de la República (Juan Manuel Santos)'', pues dicho pacto no fue "aprobado mediante ley'', dijo el magistrado Mauricio González en una rueda de prensa.
El magistrado indicó que una de las razones que pesaron para remitir el pacto al mandatario fue que al examinar el acuerdo firmado en el 2009 se constató que éste era un ''instrumento que implicaba nuevas obligaciones para el Estado colombiano''.
González agregó que deben ser corregidos los compromisos que involucra el acuerdo, como la ''autorización para el uso y porte de armas por personal extranjero'' en el territorio colombiano.
Aclaró que esta decisión no implica el control de documento suscrito, sino más bien una revisión de éste.
''Esta decisión de ninguna manera implica control material (del acuerdo) sino un examen formal del mismo'', acotó González.
El pasado julio el magistrado Jorge Iván Palacios, introdujo una ponencia en la cual acusaba al anterior Gobierno colombiano de haber excedido sus funciones por haber dado el visto bueno al aumento de la presencia militar estadounidense.
Al parecer, el ex jefe de Estado, Álvaro Uribe, no le dio continuidad a otro acuerdo que había sido firmado con EE.UU. y que se encontraba vigente en Colombia.
El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.
Durante dos semanas, la Corte Constitucional estudió el caso de las bases militares y este martes se venció el plazo para que se emitieran los fallos sobre un tema que ocasionó diferencias entre los países de la región.
El ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, explicó que una de las posibilidades que estudia este organismo sobre este caso es que el acuerdo por las bases permanezca por un año o más mientras el Congreso analiza el pacto, cómo lo dictamina la Constitución.
Ante esto,la directora del Movimiento Justicia y Vida, Lilian Solano, sostuvo este martes a teleSUR que su organización realizará campañas internacionales con la intención de presionar al Congreso para que no ratifique este tratado militar con la nación norteamericana.
''Si es que se le da un año al Congreso (...) entonces tendremos un año de trabajo intenso para poder sensibilizar al mundo, donde lo último que necesitamos (los colombianos) son bases militares de Estados Unidos (EE.UU.)", afirmó la representante del organismo.
Desde que Colombia suscribió el pacto militar con EE.UU. las relaciones con Venezuela comenzaron a deteriorarse ante las denuncias de Caracas sobre la amenaza que representan las bases del Ejército estadounidense para la paz y estabilidad de la región .
Este lunes el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicó que las bases militares de EE.UU. en Colombia tenían la capacidad de provocar cualquier incidente en la zona limítrofe colombo-venezolana.
Agregó que estos asentamientos del Ejército de Estados Unidos representan una amenaza permanente, razón por la cual está permanentemente en comunicación directa con los funcionarios militares que resguardan la frontera con Colombia.
"Ese es un peligro permanente de todas la horas. Yo tengo comunicación directa hasta con los capitanes que están en la frontera", dijo Chávez en una entrevista telefónica con la estatal Venezolana de Televisión.
Otros mandatarios de la región se han pronunciado en varias ocasiones contra las siete bases militares estadounidenses en Colombia.
En 2009 el líder boliviano, Evo Morales, afirmó estar en desacuerdo con las bases de EE.UU en Latinoamérica y argumentó que "donde existen bases militares extranjeras no puede haber una integración" y una paz social entre las naciones.
El mandatario brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, también rechazó la instalación de estos establecimientos del Ejército del país del norte el pasado junio, cuando pidió a Bogotá ofrecer garantías a la región de que esas bases y los militares norteamericanos que las operan estarán en territorio colombiano.
"No cuestionamos la soberanía de Colombia, pero lo que queremos es que, en el tratado firmado con Estados Unidos, quede explícito, para que nos den garantías de derecho internacional, que la base tiene como principio fundamental la actuación dentro de Colombia y no en la frontera con otros países", afirmó.
Igualmente, organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), condenó en el 2009 a través de un documento la instalación de las bases en Colombia y defendió el derecho de Venezuela a poner en alerta sus defensas por este motivo.
En noviembre de 2009 un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE.UU) reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero (centro) tiene el propósito de preparar acciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (IER) contra países del continente.
En las afueras de la Corte colombiana se congregaron este martes cerca de 160 organizaciones sociales de diversos países, que iniciaron un recorrido por varias localidades para explicar "la experiencia, de cómo ha sido la militarización en sus territorios", informó la corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho.
Viejo Condor
TeleSurtv.net (SIC)
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